18:10 › "FUE PROMOVIDA POR LAS MáXIMAS AUTORIDADES DEL ESTADO”
La Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en casos de terrorismo de Estado, calificó como "un crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones" entre 1976 y 1979 de la firma productora de la materia prima para la impresión de medios gráficos, y le pidió al juez Arnaldo Corazza que se declare incompetente en esa causa y la remita al fuero federal porteño.
Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro destacaron que "las pruebas revelan que los hechos denunciados podrían ser parte de acciones persecutorias e impregnadas por espurios intereses económicos".
De acuerdo con el escrito, esas acciones "fueron promovidas por las máximas autoridades del Estado Nacional con la presunta colusión de los representantes y/o propietarios de Clarín, La Nación y La Razón".
Ahora, el juez Corazza debe resolver si recepta o no el pedido realizado por los fiscales y la decisión del magistrado podrá ser apelada por las partes. De esta manera, los fiscales de la Unidad definieron el objeto procesal de la pesquisa, luego de 10 meses de recopilación documental y testimonial, y del análisis de su contenido.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, dijo que "con el dictamen se corrobora que Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos se asociaron con la Junta Militar presidida por Jorge Rafael Videla, y sus funcionarios José Alfredo Martínez de Hoz y Raimundo Podestá, para desapoderar ilegítimamente al Grupo Graiver de su empresa, usando amenazas extorsivas, secuestros, torturas que en un caso produjeron la muerte de una de las víctimas".
Taty Almeida de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, expresaron también su apoyo al pedido de la Unidad Fiscal Federal de La Plata.
Almeyda consideró un "avance maravilloso" el pedido de los fiscales platenses. "Por razones de edad, somos las más interesadas en que esa justicia llegue rápido, para poder compartir ese momento", sostuvo en diálogo, mientras que Carlotto opinó que el dictamen es un avance en el juzgamiento de "un delito aberrante, cometido en el marco del terrorismo de estado".
Por su parte, Lidia Papaleo de Graiver sostuvo que "esto demuestra que lo que nosotros afirmamos respecto a la forma en la que fueron despojadas las acciones de la familia Graiver tiene un cariz de verdad en la consideración de los fiscales". También agradeció el apoyo de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, del ex presidente Néstor Kirchner, y de "todo un sector de la sociedad que nos respaldó en el momento difícil, cuando radicamos la denuncia". En tanto su hermano, Osvaldo Papaleo, aseguró que gracias a la resolución "empezamos a ver cómo se manejaron grupos hegemónicos respecto al poder que elaboraron en base a la presión, a la extorsión y a los negocios con los militares".
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