La cantidad de tierras que ya se encuentran en manos de extranjeros surgió del relevamiento que hizo el Consejo Federal Registral que coordina el Ministerio de Justicia. Por ello, Julián Domínguez marcó la necesidad de contar con una ley que unifique las normativas locales, a la vez que aseguró que la iniciativa que el Gobierno envió al Congreso el 27 de abril "no afectará derechos adquiridos". Y "si hay casos particulares, se discutirán caso por caso", aclaró.

En otro orden, marcó la necesidad de que el Ministerio de Justicia "coordine con las provincias" los registros de tierras disponibles. El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura.

Según la FAO la demanda de alimentos crecerá un 60 por ciento, lo cual potenciará el rendimiento como proveedor de América Latina en general y de la Argentina en particular. Al respecto, Domínguez explicó que en el país “el techo de producción para la década es pasar de 100 millones de toneladas a 160 millones de toneladas" y apuntó que "hay un mayor incremento del valor de la tierra en la Argentina con riego".

La única que preguntó al ministro fue la diputada Verónica Benas (SI), autora de uno de los proyectos que están en tratamiento, quien planteó la conveniencia de incluir la protección de las tierras que son para propiedad colectiva de pueblos originarios que la habitan una vez que se sancione la ley respectiva. Pero el asesor jurídico del Ministerio, el constitucionalista Eduardo Barcesat señaló que el proyecto del PEN "no es una ley general de suelos", sino que "tiene un objeto acotado".