El abogado de Madres de Plaza de Mayo Eduardo Barcesat precisó esta noche que la titular de la entidad, Hebe de Bonafini, estuvo presente en los nuevos allanamientos realizados en la sede de la Universidad (de las Madres), la sede de la Fundación y otra en la imprenta.

El personal enviado por el juzgado buscaba información sobre Pablo y Sergio Schoklender, otros funcionarios de la Fundación y las 21 empresas que están siendo investigadas "en el expediente y sobre el cual las Madres aportaron documentación".

Cuando le preguntaron si había material de interés en esas sedes, Barcesat afirmó: "Sí, hay dos cajas por lo menos de documentación y ahora el personal especializado está retirando registro de la memoria de las máquinas para aportarla al juzgado".

Sobre el pedido de las Madres para ser querellantes, el abogado estimó que "el juez Norberto Oyarbide aguardará el resultado de la compulsa para determinar" si las Madres, en nombre de la Universidad, pueden ser querellantes y particular damnificado.

Por otro lado, Oyarbide le había solicitado a la AGN que le envíe las auditorías sobre los programas de viviendas de las Madres pero como no fueron realizados amplió el pedido para que se concrete el trabajo. De esta manera, el juez federal busca avanzar en la causa que investiga a los hermanos Schoklender por presunto lavado de dinero y defraudación por supuesta malversación de los fondos destinados a las viviendas.

Los voceros de la AGN explicaron que primero analizarán el mecanismo a través del cual solicitarán la información a los organismos, esto es si lo piden al Ministerio de Planificación o a las provincias o municipios, y luego concretarán el oficio.

La Auditoría nunca estudió el programa "Sueños Compartidos" de la Fundación pero sí ha controlado el "Programa Federal de Viviendas" en Salta, Córdoba y Neuquén y los programas 86 y 56 sobre construcción de cloacas, precisaron desde AGN.

"En todos los casos el común denominador fue que hay un déficit muy grande en la rendición de cuentas para individualizar las partidas y sobre dónde se aplicó el dinero que el Gobierno Nacional le dio a las provincias y municipios", se explicó.

En la Justicia ya se abrió una causa donde se investigan los contratos que provincias y municipios firmaron con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales. El expediente está en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien solicitó los contratos a las provincias de Misiones, Chaco y Santiago del Estero y a los municipios de Ezeiza, Tigre, Almirante Brown, Rosario y Bariloche, donde el programa de las Madres construye complejos habitacionales.