19:52 › HONDURAS
La Comisión para la Verdad y Reconciliación descartó que la salida del presidente Manuel Zelaya del poder haya sido una "sucesión constitucional", como afirmaban los golpistas encabezados por Roberto Micheletti. Sin embargo, consideró que las elecciones de la cual surgió electo Porfirio Lobo Sosa fueron "legítimas" porque estaban convocadas un mes antes del golpe, y recomendó una reforma constitucional.
El guatemalteco Eduardo Stein, presidente de la Comisión para la Verdad y Reconciliación (CVR), divulgó hoy el informe el informe titulado "Para que los hechos no se repitan" y que constituye la relatoría de lo que ocurrió antes, durante y después del golpe de Estado que sacó del poder a Zelaya.
La CVR concluyó que el golpe fue la culminación de una grave crisis política y en especial de la confrontación de los poderes ejecutivo contra el legislativo y judicial y en la cual intervinieron las Fuerzas Armadas a favor de los segundos.
Según la comisión, Zelaya "atentó contra las normas constitucionales" para establecer "un nuevo régimen", por lo que recomendó la creación de la figura del juicio político en la Constitución hondureña, entre otras medidas para evitar nuevos golpes de Estado, pues la Carta Magna carece de un procedimiento para la destitución de un gobernante.
El informe también señala que las elecciones de la cual surgió electo el presidente Porfirio Lobo Sosa fueron "legítimas", ya que las mismas estaban convocadas un mes antes del golpe de Estado. Muchos gobiernos se negaron a reconocer a Lobo como mandatario, ya que consideraban que las elecciones fueron producto de un golpe de Estado.
Igualmente la CVR estableció que se dieron innumerables violaciones a los derechos humanos tras el golpe de Estado y que como consecuencia de ello hasta 12 personas fallecieron durante la represión de las protestas. "Se debe revisar en la Constitución de la República la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas", sostiene el informe.
La Comisión surgió del acuerdo Guaymuras, San José-Tegucigalpa, que fue negociado por el derrocado Zelaya y el presidente de facto Micheletti, bajo la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Estados Unidos. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, viajó a Honduras para estar presente en la divulgación del informe de la comisión, ya que la misma es avalada por el organismo continental. Insulza, al igual que el gobierno y los demás poderes del Estado hondureño, recibieron una copia del informe.
La CVR fue integrada por cinco miembros (dos hondureños y tres extranjeros), la rectora y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos y Jorge Omar Casco; el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, el ex embajador de Canadá en Estados Unidos y Cuba, Michael Kergin, y la ex ministra de Justicia peruana María Amadilia Zavala.
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