Uribe acudió por voluntad propia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (diputados), la única instancia constitucional que puede investigar a jefes de Estado, donde se abrió una causa para establecer su responsabilidad en los seguimientos ilegales hechos por el servicio secreto. "Yo he discrepado con ellos, con la misma firmeza con que, repito, los protegí en nombre de la política de seguridad democrática. Nunca ordenamos nada ilegal, lo ilegal tiene que venir de una venganza criminal, afirmó. Según aseguró, esa venganza criminal proviene de ex paramilitares que le querían causar daño por ordenar la extradición de 14 jefes de esas organizaciones en mayo de 2008.

Una primera audiencia de la instancia parlamentaria se realizó el pasado 16 de junio con el propósito de que Uribe se defendiera de los cargos de concierto para delinquir, abuso de poder e interceptación ilegal de telecomunicaciones, pero el ex mandatario no pudo hablar ese día a raíz de una recusación contra dos legisladores que no pudo ser resuelta.

La Comisión de Acusación abrió la investigación hace varios meses para constatar si Uribe estuvo comprometido en el espionaje del DAS contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos. El caso salió a la luz en febrero de 2009, cuando una revista reveló que el DAS hizo seguimientos y escuchas contra diversos personajes. El espionaje fue ilegal, pues no fue ordenado por un juez o un fiscal.

Varios ex funcionarios del DAS han confesado que el organismo de inteligencia, que depende directamente de la Presidencia, hizo un espionaje contra "blancos políticos", por lo que algunos ya han sido condenados a prisión.

La Fiscalía General investiga a los ex directores del DAS Jorge Noguera, Andrés Peñate, Joaquín Polo y María del Pilar Hurtado, quien a finales del año pasado se asiló en Panamá. Un ex funcionario del DAS vinculado al proceso, William Romero, ha afirmado que Hurtado le dijo en una ocasión que Uribe estaba al tanto del espionaje. Uno de los más cercanos asesores de Uribe, Bernardo Moreno, que fue secretario general de la Presidencia, fue imputado por este hecho y desde el pasado 30 de julio está bajo arresto.