El ministro encabezó la delegación, integrada por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, y una funcionaria de la Superintendencia de Seguros, Ana Durañona. Alak subrayó la "trascendencia institucional de las reformas normativas y administrativas que el país lleva adelante para perfeccionar los instrumentos jurídicos y los recursos técnicos y humanos del Estado".

Puso de relieve, además, según un comunicado del Ministerio de Justicia, la aprobación de la Ley 26.683, en el primer semestre del año y la presentación, el 13 de octubre, de un nuevo paquete de medidas para profundizar el proceso de adecuación normativa a los estándares internacionales. La primera de las iniciativas se refiere a los delitos de carácter terrorista, y la segunda incorpora las figuras de manipulación de mercado e información privilegiada (insider trading), entre otras, bajo el título de “delitos contra el orden económico y financiero”.

Alak explicó que el primer proyecto propone crear un agravante específico, que endurece las penas de "todo delito cometido por personas o asociaciones locales o extranjeras, con el fin de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades nacionales o internacionales a realizar actos, o abstenerse de hacerlos". La iniciativa establece la salvedad explícita de "que no se trate del ejercicio de un derecho constitucional", de modo de dejar a resguardo las legítimas protestas sociales.

“Con estas modificaciones, ninguna actividad delictiva con finalidad terrorista queda fuera del agravante genérico establecido en el proyecto, y es considerada automáticamente actividad terrorista en los términos de la legislación nacional”, afirmó Alak. "El tipo penal proyectado -agregó el ministro- abarca a quien deliberadamente provea o recolecte fondos, por el medio que fuere, directa o indirectamente, destinados al financiamiento de cualquier delito del Código Penal y leyes especiales que tenga finalidad terrorista”. El titular de Justicia aclaró que “no importa si el acto terrorista se ejecuta, si los autores se encuentran en el exterior o si el hecho se produce fuera del territorio argentino, ya que el delito se consuma con el mero financiamiento”.

Alak detalló asimismo que los proyectos presentados instituyen la responsabilidad penal de las personas jurídicas; fijan nuevas reglas en materia de decomiso; y aplican medidas especiales de investigación y protección de testigos e imputados, al igual que para la figura del lavado de activos. A la vez, se faculta a la UIF para disponer el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el nuevo tipo penal de financiación del terrorismo.

El ministro concluyó que las normas aprobadas y las nuevas iniciativas presentadas "dan cumplimiento, en tiempo y forma, al Plan de Acción presentado y aprobado por el GAFI".