Oyarbide extendió la medida al titular de la Droguería San Javier, Néstor Lorenzo, procesado también como supuesto jefe de la asociación ilícita que estafaba al Estado con cobro de reintegros por tratamientos de alta complejidad nunca suministrados, o venta de remedios adulterados o vencidos a distintas obras sociales. Zanola y los otros tres procesados fueron detenidos el 30 de noviembre de 2009 y desde entonces permanecen en prisión, con sucesivos rechazos a planteos de excarcelación, tras haber sido procesados por centenares de hechos atribuidos al grupo.

Pese a que la Cámara Federal ya lo intimó a que culmine la etapa de investigación de la causa, Oyarbide se acogió a los términos de la ley, que contempla dos años de prisión preventiva como máximo sin que haya sentencia firme, pero prorrogable un año más. Y rechaza excarcelar a los detenidos por entender que podrían influir en el ánimo de los testigos del caso que denunciaron amenazas, o en el curso de las investigaciones relativas a la ruta del dinero del comercio ilegal de medicamentos.