15:45 › "AMENAZAS, PRESIONES Y MANIOBRAS"
Tras el fallo de la Cámara Federal que resolvió pasar a la Justicia porteña la investigación acerca de la venta de Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón, el juez federal Julián Ercolini fue sorteado para hacerse cargo de la causa, en reemplazo del apartado Daniel Rafecas. Además, la setencia de ayer enmarca la investigación dentro "del ataque generalizado contra la población civil" durante la dictadura militar.
Por fallo unánime, la Sala I de la Cámara Federal resolvió que como las reuniones para concretar la venta de las acciones de Papel Prensa y el juego de presiones ocurrieron en Capital Federal, la pesquisa debe quedar en esa jurisdicción y no en La Plata, donde se investigan los secuestros y torturas del grupo Graiver.
La venta de Papel Prensa fue investigada durante varios meses desde el año pasado por los fiscales de La Plata Hernán Schapiro y Marcelo Molina a partir de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Desde entonces, tomaron testimonios y analizaron documentación, hasta que a fines de abril llegaron a la conclusión de que la transferencia accionaria de la compañía productora de papel había sido “compulsiva” y llevada a cabo “con la directa intervención de la Junta Militar en colusión con los civiles” dueños de los diarios.
Por esos motivos, los fiscales consideraron que se trataba de un posible delito de lesa humanidad. Sin embargo, recomendaron mandar la causa al fuero federal porteño porque “las amenazas”, “presiones” y “maniobras extorsivas” que marcaron la entrega de la empresa ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. El juez platense Arnaldo Corazza abonó ese criterio y se declaró incompetente.
Uno de los argumentos de los fiscales era que ya se había iniciado una causa en el juzgado (porteño) de Rafecas basada en testimonios ante la Secretaría de Comercio de Lidia Papaleo (viuda de David Graiver) y Rafael Ianover (testaferro) donde relataban la venta de Papel Prensa.
Pero Rafecas, apartado por la Sala I, había dicho que los hechos le parecían imposibles de escindir de la investigación de los secuestros y torturas sufridos por miembros del grupo Graiver, que siempre se sustanció en La Plata como parte del llamado “circuito Camps”.
Cuando Corazza le volvió a mandar las actuaciones, Rafecas abrió otro expediente aparte. Este pequeño acto burocrático fue lo que dio pie a que opine la Sala I de la Cámara Federal, cuando el fiscal Carlos Stornelli planteó que abrir una causa nueva era una maniobra para separarlo a él del caso.
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