El TOF santafesino coincidió con los pedidos de la querella y de la acusación fiscal, que habían solicitado la prisión perpetua. Tras la lectura de la sentencia, la juriata Puyol expresó su satisfacción por el veredicto de los jueces y estimó que las imputaciones a González "fueron suficientemente probadas por el testimonio de los testigos".

"Además, hay que tener en cuenta la importancia de González, porque fue jefe del Comando de Artillería 121 desde fines de 1974, luego jefe del Area 212 y el primer interventor de la dictadura", añadió. En ese sentido, recordó que "González fue quien derrocó al gobernador Carlos Sylvestre Begnis, fue el hombre de la dictadura en esta provincia, y durante su período de gobierno ocurrieron los hechos más cruentos que se dieron en la ciudad".

El excoronel comenzó a ser juzgado el 27 de octubre pasado, día en que se leyó el requerimiento de elevación a juicio y el testimonio de los primeros testigos, entre ellos el de Cavadini, quien contó que "aquel 9 de diciembre, pasadas las 19, un grupo de tareas integrado por seis hombres armados, vestidos de civil y a cara descubierta, ingresó a la casa en busca de su esposo, en tanto otros tres hombres permanecían afuera de la vivienda". Media hora más tarde llegó Marini y fue secuestrado.

Mientras tanto, parte del grupo se llevó a Cavadini junto a su hijo, de entonces 45 días de edad, hasta la comisaría primera de Santa Fe, ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Primera Junta, en tanto Marini habría sido alojado en la comisaría cuarta. Días después, un militar le confesó que su marido "se les había escapado", aunque la querella sostuvo que Marini murió en una mesa de torturas, hecho ratificado por los testigos. Cavadini estuvo detenida a disposición del Poder Ejecutivo por el término de cuatro años y medio, en tanto su esposo aún figura en la lista de desaparecidos.

González, quien reside en Buenos Aires y goza del beneficio de prisión domiciliaria, fue procesado en julio de 2008 y su causa fue elevada a juicio en mayo de 2010, en ambos casos por decisión del juez federal 2 de Santa Fe, Francisco Miño. Además, el represor afronta una causa por el homicidio de 21 militantes políticos, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y tormentos en cuatro casos, por los cuales está procesado.