Anaya señaló que la ley sancionada en 2006 permite "emprender un programa de relevamiento jurídico a nivel nacional para contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria indígena". "Otro avance significativo es la ratificación por parte de la Argentina del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales", agregó el académico estadounidense.

"El gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor de los pueblos indígenas, incluyendo el relevamiento territorial y el reconocimiento efectivo de la personería jurídica de las comunidades", exhortó el relator. Anaya aseguró que "es de especial preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país la serie de desalojos de miembros de pueblos indígenas dentro de extensiones reclamadas por ellos con base en su ocupación tradicional o ancestral". "Otro problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y comunidades indígenas", añadió.

Durante una conferencia de prensa, brindada en la sede de la ONU en Buenos Aires, Anaya afirmó que "coincido con lo que he escuchado de los representantes indígenas y de algunos representantes gubernamentales, que es necesario regular un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas en relación a las industrias extractivas y otros asuntos que les afectan". "A la vez, he tenido conocimiento sobre iniciativas de desarrollo propuestas por los mismos pueblos indígenas que promueven el propio manejo de sus recursos naturales y la autosuficiencia de sus comunidades. Considero que el Estado debe promover esta iniciativas", dijo Anaya.

El relator sostuvo que "es esencial que los pueblos indígenas tengan acceso a una educación adecuada, que llegue a sus comunidades y se adapte a sus realidades. Considero que existe la necesidad de ampliar los programas existentes de educación intercultural bilingüe". "Reconozco que algunas de estas preocupaciones están siendo atendidas. He tenido conocimiento de algunas importantes iniciativas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para el relevamiento territorial y algunos programas de desarrollo social en las provincias", agregó Anaya.

El especialista también destacó "el programa, dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para mejorar la capacidad de comunicación de las comunidades indígenas en áreas remotas a través del establecimiento de emisoras comunitarias de radio". "Estos avances necesitan ser fortalecidos, y para ello es necesario que el Gobierno de mayor prioridad al tema indígena, que desarrolle más programas y políticas públicas que sean implementados de acuerdo a los estándares internacionales relevantes", finalizó Anaya.

El informe final del relator se hará público en un plazo no mayor a cuatro meses, según informó el propio Anaya, y se presentará oficialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2012.