El proyecto que Diputados había aprobado en noviembre pasado fue convertido en ley en el Senado, por 16 de 27 votos, solo con las manos alzadas del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda). El desarrollo de este impuesto estuvo atravesado por la polémica en el seno del gobierno, entre su impulsor, el presidente José Pepe Mujica, y el vicepresidente Danilo Astori, arquitecto de la política económica del país y quien hizo públicas sus diferencias con la iniciativa. Una de las críticas fue que el ICIR no tenga en cuenta la productividad de las tierras.

El impuesto hecho ley prevé un gravamen anual de 67 Unidades Indexadas por hectárea (unos 8 dólares) para las extensiones de tierra entre 2 mil y 5 mil hectáreas; de 100 Unidades Indexadas (12 dólares) la hectárea para aquellas extensiones entre 5 mil y 10 mil hectáreas, y de 135 Unidades Indexadas (16 dólares) la hectárea para las propiedades superiores a las 10 mil.

En todos los casos se gravarán aquellas tierras con un índice Coneat (utilizado para medir la calidad del suelo) superior a 100 o equivalente; es decir, que 3 mil hectáreas con índice 60 no pagarían, pero 1.500 hectáreas con índice Coneat 200 sí lo harían. El gobierno estima que el impuesto permitirá recaudar unos 60 millones de dólares anuales, que serían destinados a obras de acceso o de vías rurales en los departamentos del interior.