Carlos Tomada también afirmó que la decisión macrista "es parte de la naturaleza de esa gestión, que jamás cumplió con las leyes respecto de este tema", y sostuvo que "se desactivaron los programas y acciones de apoyo a esos colectivos". Macri "rechaza de manera profunda la participación de los trabajadores en las empresas recuperadas", aseguró el ministro.

Tomada explicó que "el gobierno nacional asistió a 39 empresas de la Ciudad defendidas por sus trabajadores en la ardua tarea de recuperar, trabajar y producir de forma autogestionada y asociativa bajo la figura de cooperativas, lo que implica que allí cumplen tareas aproximadamente 2000 empleados y sus familias".

"Del total de empresas afectadas por el veto a la ley 4008, el Ministerio de Trabajo apoyó a 19, con una inversión total de 5.614.850 de pesos desde 2004 a hoy", detalló el ministro. El titular de Trabajo puntualizó que mientras el gobierno nacional propone y logra normas que protegen a los trabajadores de esas empresas, "el Ejecutivo porteño las veta o no las cumple".

A su vez, una asamblea de la Delegación Buenos Aires de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME) respaldó a las empresas recuperadas por sus trabajadores y repudió el veto de Macri a la ley que había prorrogado hasta 2017 la protección a las compañías controladas por el personal. "El veto de Macri se vale de un tecnicismo para anular la ley que fue votada en la Legislatura incluso por representantes de su propio partido, lo que está en línea con su concepción privatista, autoritaria y represiva de la política, la economía y la sociedad", aseguró APYME.

El sector señaló su "solidaridad y apoyo a los trabajadores, organizados de forma mayoritaria en cooperativas", y se sumó a las voces de los legisladores que, en conferencia de prensa, definieron ayer "los pasos a seguir para revertir la situación". La APYME reseñó que "es preciso avanzar en soluciones de fondo por medio de una eficaz intervención estatal para asegurar el definitivo traspaso de las empresas a manos de quienes lograron reintegrarlas al tejido productivo luego de su cierre, producido como consecuencia de las crisis de los años 2001 y 2002".

Juan Oreja y Jorge Garay, presidente y secretario de la Asociación, agregaron que "la acción de Macri no constituye un hecho aislado sino que concuerda con pronunciamientos de los sectores concentrados y extranjerizados de la economía". "Esos sectores invocan la `seguridad jurídica para defender sus privilegios a expensas de las Pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y las mayorías, que hoy sostienen la continuidad de un proyecto de desarrollo nacional con inclusión social", concluyeron los dirigentes.