La justicia quedó en condiciones de resolver los pedidos de medidas cautelares luego de que el gobierno de Mauricio Macri ratificara la decisión de llevar de 1,10 a 2,50 pesos el boleto, negara su obligación de convocar a una audiencia pública para subir la tarifa y anticipara eventuales nuevos aumentos.

En tanto, la administración macrista, demandada por ocho ONGs, legisladores porteños y particulares junto a la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado y a la concesionaria Metrovías, ya le comunicó al juez que no volverá atrás la tarifa.

Adujo que la Ciudad no tiene presupuestado en el 2012 el monto del subsidio que pagaba la Nación pero que tampoco tenía obligación de llamar a una audiencia pública ya que el convenio original estipulaba una tarifa de 3 pesos, que nunca se aplicó gracias al aporte nacional.

El viernes pasado, la multisectorial contra el tarifazo resolvió continuar desde mañana con la liberación de molinetes en horarios pico y en las principales estaciones, medida que aplica la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) desde el 6 de enero, cuando entró en vigencia el aumento.

Ese mismo día se presentaron los dos primeros pedidos de amparo para suspender el aumento, por las ONGs Ciudadanos Libres y Consumidores Libres, con el respaldo de los legisladores Aní8bal Ibarra, Delia Bisutti, Susana Rinaldo y Edgardo Form, entre otros.

Luego se sumaron los pedidos del legislador porteño Alejandro Bodart junto a la ex diputada Vilma Ripoll, y, por separado, de los ex candidatos del Partido Obrero Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, y los de tres particulares y la ONG Asociación Centro de Defensa Ciudadana. El juez resolvió por ello "acumular" las causas de manera que su resolución tenga validez general, evitando la repetición en cada expediente.