El Tribunal Supremo de España, la máxima instancia judicial del país, juzga a Garzón por haber autorizado escuchas entre los dirigentes del Partido Popular y sus abogados, involucrados en la denominada "trama Gürtel", el mayor caso de corrupción y tráfico de influencias que salpica a varios funcionarios del conservador PP. La acusación sostiene que Garzón realizó "las pinchaduras" para conocer la estrategia de la defensa de los personajes investigados y que, por ello, violó el derecho a la intimidad. Garzón, por su parte, se defendió argumentando que había decidido realizar las escuchas porque existían indicios de que los acusados y sus abogados estaban involucrados en una maniobra de blanqueo de más de 20 millones de euros, provenientes de sobornos, y depositados en paraísos fiscales. El actual asesor de la Corte Penal Internacional, con asiento en La Haya, afirmó que sus decisiones "fueron guiadas a la protección de los derechos de las partes".

"En ningún momento se violentó o se lesionó el derecho de defensa, sino que se protegió", aseguró el juez, de 56 años, quien en su momento ordenó la detención del empresario Francisco Correa ("Gürtel" en alemán) como presunto cerebro de una red de sobornos a cambio de contratos con distintas administraciones regionales, todas ligadas al Partido Popular, ahora en en La Moncloa.

Se prevé que el Tribunal dé a conocer su sentencia en los próximos días. En caso de ser condenado, Garzón se enfrentará a una inhabilitación de entre diez y 17 años, lo que implicaría su retiro de la carrera judicial. Durante su alegato, el abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, sostuvo que "el señor Garzón es un buen juez en el sentido más puro de la palabra", y concluyó: "Porque creo en la Justicia, creo en su inocencia".