En la llamada causa de "los cobros de Nueva York", la acusación pedía para Garzón hasta cinco años de prisión y 30 de inhabilitación por haber delinquido solicitando a varias empresas españolas, entre ellas el Banco Santander y el BBVA, que patrocinaran unos cursos que él dirigió en la ciudad estadounidense en 2005 y 2006. Garzón siempre ha negado haber pedido dinero para esos cursos a los patrocinadores.

Garzón fue acusado inicialmente de prevaricación y cohecho. El 27 de febrero, el juez instructor pidió a la acusación popular y a la fiscalía que presentaran sus escritos de acusación o de sobreseimiento en base sólo al delito de cohecho impropio.

El jueves pasado, el Tribunal Supremo encontró culpable a Garzón por haber prevaricado cuando ordenó escuchas en prisión a los presuntos cabecillas de la "trama Gürtel", una red de corrupción masiva que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, y a sus abogados. Esa condena significó el fin de la carrera judicial del magistrado, ya que mañana debería ser confirmada la condena de once años de inhabilitación.

Aún resta la sentencia del juicio llevado adelante por el mismo tribunal contra Garzón, acusándolo también de prevaricación, por su investigación de los crímenes del franquismo.