La prueba definitiva tendrá lugar en Bruselas, cuando el gobierno de Lucas Papademos muestre pruebas sobre su voluntad de profundizar los recortes a cambio de la ayuda de 130.000 millones de euros que destrabará la "troika" -Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo- para evitar su bancarrota. La UE y especialmente la canciller germana, Angela Merkel, además de los 16 socios de Grecia en el Eurogrupo, quieren garantías de la voluntad de aplicar nuevos ajustes -se estima en 325 millones de euros- en un país que bordea ya el precipicio.

Por tal razón, el primer ministro debe realizar en las próximas horas una reunión de su coalición de gobierno para certificar por escrito el compromiso de ajustar, condición innegociable para que los ministros de Finanzas de la UE. Sin embargo, por ahora no hubo señales de que los líderes de los distintos partidos políticos fueran a firmar ese compromiso que los dejaría atados de pies y manos tras las elecciones anticipadas convocadas para abril.

El conservador Antonis Samaras, del partido Nueva Democracia que integra la coalición de Gobierno y quien mejor posicionado se encuentra para ser electo primer ministro en abril, anticipó que tratará de negociar los términos del acuerdo. Los ministros de la eurozona querrán saber mañana con precisión cuándo concretará Atenas sus promesas de recortes de salarios, 15.000 despidos inmediatos de empleados públicos y privatizaciones al por mayor por un total de 3300 millones de euros.

Pero además de ese brutal ajuste, que provocó una ola de protestas en el país este fin de semana que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas policiales, se exige a los griegos más recortes. El primer ministro luxemburgués y presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, lanzó ayer una advertencia: "Los aliados de Grecia en el Eurogrupo ya no se fían de ella. No habrá más recursos hasta que se activen las medidas de ahorro".

En la reunión de la víspera en Bruselas se tomó nota del voto en el Parlamento heleno, pero no se logró destrabar el segundo rescate gestado por la "troika". Según informaciones a las que hoy tuvo acceso la agencia DPA en Atenas, los 325 millones de euros que todavía deberá recortar el gobierno de Papademos provendrán de recortes en las partidas de gasto de casi todos los ministerios públicos. Sin embargo, en esta ocasión no habrá tiempo ni lugar para medias tintas: tanto Papademos como su ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, deberán decir con exactitud cuándo pondrán en práctica el nuevo paquete de medidas.

Es que nadie olvida que Grecia entregó hace casi tres años a la Eurostat, la oficina de estadística de la UE, cifras mentirosas de déficit público. Por tal razón, tuvo que ser rescatado en 2010 por primera vez con 110.000 millones de euros, que no alcanzaron para eludir el riesgo de "default", y desde que la "troika" instó hace meses al país a realizar más ajuste, Atenas sigue dilatando en el tiempo el momento de ponerlas en práctica.

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, el comisario de Asuntos Económicos de la UE, Olli Rehn, y Mario Draghi, presidente del BCE, anticiparon que no están dispuestos a más esperas. Y tampoco lo están Berlín y París, aliados en el eje franco-germano que patrocina desde hace meses la austeridad como única salida a la crisis de la Eurozona.

Frente a este panorama, Venizelos deberá llevar el mensaje preciso de que gobierne quien gobierne tras las elecciones de abril, el país cumplirá el nuevo plan de austeridad a cambio del segundo salvavidas. "Corresponde a Grecia activar medidas concretas para convencer a sus socios europeos de que un segundo plan de rescate puede funcionar", advirtió ayer Rehn.

Entre los temas más delicados a tratar mañana en Bruselas figura el acuerdo entre el gobierno y la banca internacional para que el sector financiero asuma parte de la reestructuración de deuda. Se trataría de un intercambio más o menos voluntario de bonos, con un recorte del 70 por ciento, que equivale a 100.000 millones de euros.