A través de su cuenta de Twitter, la ministra sañala que "no admitimos espionaje y si llegara a haber seremos inflexibles. Pero tampoco tomamos decisiones sin reflexión". Además, aclara que ordenó "una auditoría del 'Proyecto X', que es en realidad un software, para evaluar qué contiene".

En el comunicado, tras consignar que "a la fecha, 19 de las 24 jurisdicciones del país ya adhirieron a los `Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas`", la ministra agrega que "los distritos que aún no formalizaron su adhesión a las pautas de actuación de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas son la ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Corrientes".

"Este protocolo implica la profundización de una práctica iniciada en el gobierno de Néstor Kirchner, consistente en garantizar una resolución de conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación", señala.

Además, detalla que, entre otros preceptos, el documento incluye "la prohibición de portar armas de fuego para el personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes, así como la restricción respecto a la utilización de postas de goma exclusivamente con fines defensivos, en caso de peligro para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad, o de manifestantes, o terceras personas".

Por otro lado, establece "la obligatoriedad, para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad intervinientes en operativos, de portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes".

También, indica que deben adoptarse "todos los resguardos y controles necesarios para asegurar el respeto, en todas las etapas del operativo, de lo establecido por la Ley de Inteligencia Nacional Nø 25.520, el Decreto Reglamentario PEN 950/2002 y sus modificatorias".

"El Ministerio de Seguridad lleva un seguimiento permanente de las condiciones en que cada provincia aplica el protocolo vigente y, además, ha ofrecido mejorar la formación y capacitación de los cuerpos que se emplean en el tratamiento de manifestaciones públicas", consigna el comunicado difundido por la cartera encabezada por Garré.