La Ley reafirma la autonomía de la entidad del poder político, aunque señala que deberá operar "en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional" y no modifica la necesidad de requerir acuerdo del Senado para la aprobación del pliego de sus directivos.

Además, sustituye el artículo 4º de la vieja Carta Orgánica que establece que son funciones y facultades del banco regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas que, en su consecuencia, se dicten". Y también establece "regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito; actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido".

El BCRA, siempre según el texto del decreto, deberá concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos, contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales, y ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Congreso de la Nación, entre otros puntos.

El Ejecutivo nacional oficializó la norma mediante el Decreto 462/2012 publicado en el Boletín Oficial, con la firma de la presidenta Cristina Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.