A través de una carta pública enviada por las redes sociales Facebook y Twitter, la funcionaria asegura que "el hecho en cuestión es doblemente grave pues la víctima había testificado en contra de un grupo criminal enquistado dentro de la policía provincial. Las consecuencias institucionales de este accionar abusivo son enormes y exigen ser reparadas para llevar tranquilidad a la sociedad chubutense toda".

Además, explicó que "ante semejante aberración, los funcionarios públicos estamos obligados a una reflexión acerca de las derivaciones del comportamiento corporativo en las fuerzas de seguridad y policiales en cualquier jurisdicción" y resaltó "la necesidad de terminar con el autogobierno de la policía, e instrumentar sistemas de control y fiscalización desde el poder político que sean implacables con los encubrimientos corporativos".

Finalmente, aclaró que "el Gobierno Nacional está convencido de que la primera exigencia para conjurar el delito es no tener policías delincuentes ni tolerar prácticas corporativas que los amparen y protejan".