El senador dio a conocer la propuesta a cuatro años de la misma presentación que hizo durante la conferencia anual en Viena sobre políticas de drogas de la ONU. Los lineamientos de la propuesta provienen del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de agosto de 2009, donde se considera “inconstitucional” penar el consumo de estupefacientes para uso personal.

El proyecto plantea aumentar las penas por comercio y tráfico de drogas ilegales, las agrava en caso de tratarse de funcionarios públicos, regula la figura del agente encubierto para investigar estos delitos y elimina el secreto impositivo y el bancario cuando se investigue una causa por narcotráfico.

"Buscamos priorizar los derechos humanos de segunda generación: primero atender la salud de quien consume y después atacar el narcotrafico", declaró Fernández en una conferencia de prensa ofrecida esta tarde en el salón Arturo Illia del Senado.