"Esas tareas de inteligencia requeridas por la superioridad violaban las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior", afirmó Sánchez, en coincidencia con testimonios anteriores, como el del cabo Carlos Alegre, cuya denuncia originó la causa judicial hace seis años, y el del jefe de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, general Eduardo De María. Sánchez dijo que las órdenes ilegales provenían de la Dirección de Inteligencia, en el ámbito del Estado Mayor General del arma, y de organismos de inteligencia dependientes del Comando de Operaciones Navales, en Puerto Belgrano, principal emplazamiento de la fuerza.

Según el testigo, que revistó hasta el 2006 en el Centro de Inteligencia de Puerto Belgrano y luego en Baterías, ambos próximos a Bahía Blanca, la irregularidad se enmarcaba en el "funcionamiento del sistema de inteligencia naval" y respondía a "requerimientos del jefe del Estado Mayor General de la Armada". La declaración de Sánchez comprometió así a Jorge Godoy y al vicejefe de la Armada de entonces, Benito Rótolo, entre otros, ya que rechazó toda posibilidad de que ignoraran las órdenes de espionaje ilegal.

El abogado querellante Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo a Télam que su testimonio aportó "importantes indicios" y que "una investigación debería profundizar" en ellos. "Nosotros vamos a pedir que se entreguen testimonios a los juzgados de (los jueces federales (Sergio) Torres y (Daniel) Rafecas, quien también lo convocó (a Sánchez) como testigo", a cargo de causas paralelas pero conexas a la que se tramita en Rawson.

Borda pedirá una medida similar respecto de la Sala 2 de la Cámara Federal, "que está analizando en estos momentos" la situación de Godoy y Rótolo, ya que, opinó, "este testimonio es fundamental como prueba de cargo también en ese proceso". "Hay indicios muy claros. Por ejemplo, ¿quién fue comisionado para supuestamente resguardar la información de inteligencia del Comando de Operaciones Navales, previo a la llegada de la Justicia? El capitán de navío Carlos Ruda, que es hoy un imputado", dijo el letrado.

Borda recordó que Ruda había "prestado funciones (de inteligencia) años antes en ese mismo lugar", por lo que consideró "absurdo pensar que fue a resguardar una documentación que, de hecho, no se encontró" en los procedimientos judiciales en Puerto Belgrano.

En cuanto a Sánchez, en la audiencia relató también que obtuvo la baja de la Armada y se radicó en España a raíz de sanciones y amenazas que sufrió tras negarse a espiar a "factores", como se aludía a quienes consideraban potencialmente hostiles a la fuerza, entre ellos políticos, sindicalistas, jueces, piqueteros y periodistas.

Con la información aportada por Alegre, en marzo de 2006 el CELS formuló la denuncia que dio origen a la causa, actualmente a cargo del juez Enrique Guanziroli, subrogante en el juzgado federal de Rawson. Entre los 14 procesados se destacan los almirantes Eduardo Avilés, excomandante de Operaciones Navales; Pablo Rossi, exdirector de Inteligencia Naval, y Luis De Vincenti. También están acusados los capitanes Jorge Janiot, Gustavo Ottogalli, Carlos Vázquez, Carlos Ruda, Félix Medici, Eduardo Merlo, Cristian Vidal y Gustavo Monzani, así como los suboficiales Alfredo Andrade, Vicente Rossi y Daniel Guantay.

En paralelo a esta causa, en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, el juez Daniel Rafecas procesó a Godoy y a Rótolo por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.