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El juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa por el choque del tren en la estación Once, que provocó la muerte de 51 personas, llamó a a declarar a los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y a los miembros de la familia Cirigliano, que integran el directorio de TBA, empresa que concesionaba el servicio, ahora intervenido por el Estado. El magistrado decidió convocarlos a indagatoria tras recibir el informe pericial sobre la tragedia.
El pedido de indagatoria recae también sobre el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Antonio Sícaro, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, quien además integra el gremio de La Fraternidad. El juez, al recibir las primeras conclusiones periciales, terminó de configurar "el estado de sospecha" sobre las eventuales responsabilidades en la tragedia.
Las indagatorias que dispuso Bonadío comenzarán el 7 de mayo y concluirán el 11 de junio con Schiavi y el motorman de la formación que se estrelló en Once, Marcos Antonio Córdoba. Además, el juez ordenó doce indagatorias para determinar qué ocurrió con el cadáver de Lucas Meneghini Rey, hallado 48 horas después del siniestro, cuando ya se habían agotado las tareas de búsqueda.
El juez emplazó a los peritos para que el miércoles próximo entreguen ampliaciones de informes y en el término de dos semanas datos específicos sobre "el rendimiento de los compresores" del sistema de frenos de la formación siniestrada.
Bonadío requirió al titular de La Fraternidad que notifique "con carácter urgente al secretario general de la comisión central de reclamos de dicho sindicato para la empresa TBA que deberá comparecer a estos estrados, en el término de 24 horas, a los fines de recibirle declaración testimonial en estas actuaciones".
Asimismo, anticipó que "dada la cantidad de personas que han resultado lesionadas y fallecidas a raíz del suceso investigado y la gravedad institucional que el mismo ha generado, no se aceptaran prórrogas en el calendario fijado".
El juez sostuvo que por la "cantidad de partes querellantes que intervienen en el presente proceso" procurará la "unificación de personería", es decir, reducir la cantidad de actores para emprolijar la investigación.
El viernes, el mismo día que el gobierno ratificó la extensión de la intervención sobre las líneas Mitre y Sarmiento, la Cámara Federal permitió al dueño de TBA, Sergio Cirigliano, y a otros directivos de la empresa, acceder a la causa en la que se investiga la tragedia.
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