19:36 › MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
A pesar de las entrevistas periodísticas difundidas en las que el dictador Jorge Rafael Videla niega la existencia de un plan sistemático de robo de bebes durante la dictadura, en el juicio que se lleva adelante por esos delitos en el Tribunal Oral Federal 6, el fiscal Martín Niklison acusó al represor de haber sido quien decidió el destino de los recién nacidos en los centros clandestinos de detención y advirtió que "aún hoy continúa cometiendo delito porque se niega a revelar el paradero de los niños apropiados y todavía buscados".
"Videla no era un muñeco que figuraba como comandante ni había entre sus subordinados algún coronel descarriado que hizo esto. Todo lo que se hacía en el Ejército era ordenado por él en un plan sistemático y frente a los reclamos, el silencio o la burda mentira era la actitud de Videla", afirmó Niklison, durante la etapa final de su alegato en el juicio oral por robo de bebés que se sigue en los tribunales federales de Retiro.
El fiscal, quien podría llegar a pedir penas de hasta 50 años de cárcel para los represores acusados, apuntó que "el delito sigue hasta hoy porque omite ponerle fin, no dice dónde están y estos no eran casos aislados". "Videla decidía cuáles eran devueltos y cuáles apropiados", aseguró sobre los bebés, entre ellos la nieta del poeta Juan Gelman, Macarena Gelman, a cuyo caso se refirió especialmente Niklison.
"A María Claudia, la mamá, la llevaron a Uruguay con un embarazo avanzado. ¿Por qué? lo ignoramos. Pero las autoridades argentinas tomaron la decisión de que Macarena naciera en otro país y fuera entregada a una familia ajena. Las razones son una incógnita. Es inverosímil proclamar ajenidad porque el verdadero destino de Macarena fue controlado por militares argentinos y su mamá, María Claudia, tenía el destino determinado, era considerado un envase", apuntó el fiscal.
Niklison formulará pedido de pena para todos los juzgados, entre ellos el represor Reynaldo Bignone, en el juicio que se sigue por 34 casos de robo de bebés nacidos en centros clandestinos de detención ante los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri. Los acusados tienen ya pedidos de hasta 50 años de prisión por parte de las querellas.
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