En la audiencia se le entregó a Servini un CD con copias de fallos judiciales de los años de Franco, donde figuran nombre de jueces y miembros de fuerzas de seguridad que habrían sido cómplices de las violaciones a los derechos humanos, además de unos 60 casos recopilados para sumar a la pesquisa.

Galante Serrano, que pertenece al colectivo "La Comuna", que agrupa a expresos políticos del franquismo en su última etapa, sostuvo que "España debe responder por centenares de miles de personas y por fosas comunes a las que aún no hemos tenido acceso".

"Los presos del franquismo seguimos sin existir, sin que a nuestros verdugos se les pueda pedir responsabilidades porque la judicatura española es impresentable, pasó de la dictadura a la democracia intacta", agregó Galante, quien se presentó en tribunales junto a Manuel Blanco Chivite, Josu Ibargutxi y Sabin Arana Bilbao. El expreso político recordó que el juez Baltazar Garzón fue el único que abrió una causa por aquellos delitos y fue inhabilitado.

Entre los casos entregados a Servini de Cubría está el de José Humberto Baena, fusilado el 27 de septiembre de 1975 y cuya hermana pide ser querellante. También el de Salvador Puig Antich, asesinado en 1974, cuya familia sumó otro pedido para integrar la querella.

La causa por los crímenes cometidos durante la dictadura de Franco se abrió en el país en el 2010, pero fue cerrada por Servini al entender que el país no tenía jurisdicción para intervenir. Sin embargo, se reabrió por orden de la Cámara Federal porteña en base al principio de "justicia universal", por entender que los crímenes no habían sido juzgados en el país donde se cometieron.

Luego de ese fallo, la magistrada libró un exhorto a España pidiendo al gobierno español nombres y direcciones de exfuncionarios y miembros de fuerzas de seguridad del franquismo aún vivos y que podrían ser futuros imputados, algo que aún no tuvo respuesta.