Esta es la segunda acción de inconstitucionalidad que presentaron los abogados defensores de Lugo. La primera fue remitida el 23 de junio y estuvo dirigida contra el reglamento del juicio político, acción que fue desestimada sin ser analizada.

Esta vez, el equipo jurídico solicita que la Sala Constitucional declare inaplicable la resolución que destituyó al presidente electo por presunto "mal desempeño de sus funciones". El expediente fue enviado al fiscal general del Estado, Javier Diaz Verón, quien dispone de 18 días hábiles para su dictamen, y tras ese plazo deberá pasar a la Cámara de Senadores, que también tendrá 18 días hábiles para pronunciarse.

Posteriormente el tema volverá a la Corte Suprema, que dispondrá de 30 días para la sentencia final, de manera que podrían pasar 66 días hasta que el tema se resuelva.