En caso de ser declarados culpables, tanto Gabriele como Sciarpelleti podrían ser condenados a cumplir entre seis y ocho años de cárcel, según el derecho vaticano.

En enero pasado, documentos confidenciales divulgados por la prensa italiana, -el escándalo bautizado como "Vatileaks"-, confirmaron las luchas internas para el cumplimiento de las normas sobre la transparencia. Gabriele fue uno de los pocos laicos con acceso al apartamento privado de Benedicto XVI y fue designado mayordomo en el año 2006, cuando reemplazó a Angelo Gugel, quien estuvo durante años al servicio de Juan Pablo II.

Gabriele fue acusado por los investigadores del Vaticano por pasar documentos confidenciales, que llevaron a la amplia publicación de los informes que afirman la existencia de nepotismo, amenazas de muertes, campañas de calumnias de homosexualidad e irregularidades impositivas en la Santa Sede. Uno de los documentos filtrados sugería que el nuevo embajador del papa Benedicto en Washington fue exiliado a Estados Unidos porque había avisado sobre la corrupción financiera.