Los amparos fueron promovidos el abogado Carlos Nayi, quien patrocina a los dos jubilados, quien aseguró que "los cambios violan expresas garantías de rango constitucional. Pretendemos que se declare inconstitucional" el artículo 4 de la ley aprobada recientemente.

En los cuatro casos, radicados antes los juzgados en lo Civil y Comercial de 49 y 50 Nominación, el abogado requirió que, en forma preventiva y hasta que se resuelva el fondo de la cuestión planteada, se libre "una medida cautelar de no innovar", que impida que entre en vigencia el artículo en cuestión.

De acuerdo con Nayi, la disposición viola derechos consagrados por las constituciones nacional y la de Córdoba, que "asegura jubilaciones y pensiones móviles irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad".

El miércoles pasado, la Legislatura corobesa, luego de un rápido trámite, sancionó la ley que posterga por seis meses la movilidad de los haberes previsionales pactados para 2012, con el objetivo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Mientras se aprobaba la ley que dejaba sin efecto la adhesión de Córdoba al Pacto Fiscal firmado con Nación en 1992, De la Sota se presentó en el recinto legislativo para presentar el proyecto de reforma previsional, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por el bloque oficialista de Unión por Córdoba (UPC).

El texto prorroga hasta febrero de 2013 el pago del aumento del 12 por ciento escalonado que se había pactado con los gremios estatales, para los haberes de los jubilados, por el lapso comprendido entre agosto y noviembre de este año. Asimismo, la modificación dispuesta también excluye del sistema jubilatorio provincial al personal policial y penitenciario, al que se transfiere a rentas generales.