El titular de la Oficina Antocorrupción, Tomás Hugo Aybar, sostuvo que el exgobernador no puede argumentar que no estaba al tanto de las irregulares en la rendición de los fondos y señaló que "debería haber ordenado una investigación para determinar el destino de los fondos". Aybar agregó, en diálogo con radio Ancasti que "el monto del que estamos hablando ameritaba que se ordenara una investigación para determinar el destino de los fondos".

Según el funcionario, hay alrededor de 150 millones de pesos cuyo destino no está especificado en el período indicado, pero los fondos administrados con algún tipo de irregularidad podrían llegar a 2000 millones. La presentación judicial fue acompañada por varios tomos que contienen los movimientos financieros de la provincia durante los años 2008 y 2009.

El fiscal de Estado consideró que los exfuncionarios denunciados estarían implicados en la supuesta comisión de delitos de acción pública como malversación de caudales públicos, peculado, fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y omisión de denuncia.

Según la presentación, en 2008 un total de 24 organismos estatales evitaron rendir cuentas por las partidas de sueldos por un total de 899.769.326 pesos. Además, según el fiscal de Estado, en 2009 la situación se vio agravada debido a que los montos pendientes de rendición superaron prácticamente el 50 por ciento de lo registrado el año anterior.