El oficialismo impuso su mayoría en el recinto y la iniciativa se convertirá en ley cuando sea promulgada por el gobernador José Alperovich, quien admitió que la trata de personas "no se va a resolver solo con un acto de gobierno", y aclaró que con la ley "no penamos a las chicas que trabajan sino a los que hacen trabajar a estas chicas, porque viene por detrás la trata de personas, de menores y las drogas".

La ley prohibe "la instalación, el funcionamiento, el regenteo, el sostenimiento, la promoción, la publicidad, la administración y/o la explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de lugares en los que se facilite, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle y/o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas su consentimiento para ello".

También dispone la inmediata clausura y cierre definitivo de los locales mencionados apenas entre en vigencia de la ley, que se conoce como "Prostíbulos cero". Uno de los artículos establece que "en todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la Ley se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria". Cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio serán tenidas como víctimas de la trata de personas y recibirán protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas.

La ley contempla graves penas para quienes sean propietarios o exploten locales donde se ejerza la prostitución ajena (hasta 60 días de arresto), y las sanciones no puedan ser subsanadas mediante el pago de una multa. Además, prevé la creación de un "comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual", cuyos integrantes, funciones y atribuciones serán dispuestos por vía reglamentaria, y dispone que el Ministerio de Desarrollo Social provincial asista a las personas perjudicadas.

Durante el debate, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse hizo una encendida defensa del proyecto y sostuvo que "esta es una declaración política del gobernador Alperovich, quien no quiere que haya más prostíbulos en Tucumán". El legislador destacó el trabajo de Susana Trimarco (mamá de Marita Verón, secuestrada en 2002), al que comparó con el realizado por las Madres de Plaza de Mayo, y señaló que "su lucha por encontrar a su hija desaparecida nos permitió conocer cómo funciona la mafia de la trata de personas".

Jesús Salim, por su parte, quien había presentado un proyecto con similares características -elaborado junto con Trimarco-, valoró que el Poder Ejecutivo haya tomado el tema en la agenda parlamentaria, y señaló que, durante una reunión con Alperovich, "el gobernador se comprometió a constituir una comisión especial para garantizar el seguimiento y la ejecución de las pautas previstas por la ley".

Los únicos legisladores que votaron en contra del proyecto oficial fueron el democristiano José Páez y los radicales Silvia Elías de Pérez, Ariel García, Roberto Sánchez y Federico Romano Norri, quien denunció la "conveniencia política" de la iniciativa y advirtió que la nueva ley generará "un mercado clandestino con un régimen hipócrita e ineficaz".