"Cuando el lunes último el gremio se retiró de la Subsecretaría de Trabajo porteña con un acuerdo de suspensión de las medidas de acción para continuar negociando en un marco de paz social, entendió que ello alcanzaba a todas las partes, pero se equivocó", sostuvo un comunicado de prensa difundido por la entidad.

Los sindicalistas indicaron que no obstante "el compromiso previo asumido, el gobierno porteño ratificó hoy la insólita multa de casi cinco millones de pesos (apelada), realizó presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que cancele la personería jurídica (inscripción gremial) e instruyó a los fiscales de la ciudad para que criminalicen el derecho de huelga".

Además, subrayaron que la liquidación jurídica y económica del gremio y la persecución penal de los trabajadores es "la respuesta del gobierno al ejercicio del derecho de huelga, que no solo tiene jerarquía constitucional sino que es uno de los pilares del contrato social que sostiene el sistema capitalista".

El gremio añadió que "el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, sabe de manera perfecta que, tarde o temprano, deberá hacerse responsable del funcionamiento del subterráneo, cuya propiedad y jurisdicción corresponden a Buenos Aires".

"Macri no soporta la idea de tener que tratar con un sindicato profundamente democrático y con dirigentes honestos. La feroz ofensiva desatada contra los trabajadores retrotrae a los albores del siglo anterior, cuando era un delito integrar una agrupación gremial o realizar una huelga general", sostuvo el sindicato.