Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia tampoco se pronunció aún sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el proceso de juicio político efectuado contra Lugo, considerado un virtual golpe de Estado por varios gobiernos de la región.

La defensa de Lugo resaltó lo ilógico de la tardanza hasta en notificar con todos los documentos necesarios las razones esgrimidas por el Parlamento para la sanción al Presidente electo en los comicios del 2008.

Sectores opositores vieron en esa demora la intención de crear todas las dificultades posibles para demorar la apelación ante instancias internacionales por el expedito proceso efectuado contra un Jefe de Estado electo por la población y a menos de 10 meses de nuevos comicios.