En una resolución de cinco carillas, a la que tuvo acceso la agencia oficial Télam, el camarista Eduardo Freiler, con la adhesión de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, rechazó el planteo presentado por los defensores de Silvia Reyes, Agostina Soledad y Lorena Silvia Jayo, y de Ricardo Raúl Jaime, quienes habían planteado "la inconstitucionalidad del tipo penal contenido en el artículo 268 (2) del Código Penal de la Nación, alegando la violación al principio de inocencia y las garantías de prohibición de declarar contra sí mismo, de defensa en juicio y de debido proceso".

Freiler, por el contrario, sostuvo que la figura del enriquecimiento ilícito conlleva la "inversión de la carga de la prueba" y debe ser el imputado quien demuestre la licitud de sus bienes". El camarista avaló la decisión de Oyarbide y subrayó que "en ese sentido me he expedido anteriormente, afirmando la validez constitucional de la figura legal aquí atacada sobre la base de que los cuestionamientos 'puede(n) ser neutralizad(os) si llanamente se la toma como delito de acción, donde la conducta típica sea enriquecerse de manera apreciable e injustificada'".

El artículo cuestionado por la defensa de Jaime expresa que "será reprimido con prisión de dos a seis años... el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".