Según fuentes de la justicia chilena, citadas por el portal chileno Cooperativa, Múñoz deberá evaluar los antecedentes y llegar a un fallo, en un plazo menor a los 30 días, a partir de los elementos reunidos en la etapa de investigación, que contó incluso con los testimonios de cinco exdetenidos durante la última dictadura militar.

Muñoz dio un plazo de 20 días para remitir nuevos antecedentes o pedir nuevas diligencias. Finalizado ese plazo, y en caso que no se solicite ampliar la investigación, el ministro Muñoz quedará en condiciones de resolver el pedido de extradición, decisión que para ser efectiva, debe ser revisada por la sala penal de la Corte Suprema.

Romano reside en la localidad de Reñaca, en la costa chilena, desde septiembre del año pasado, tras huir de Mendoza, en momentos en que el Consejo de la Magistratura lo destituía por encubrir 103 delitos de lesa humanidad cometidos cuando era fiscal en la dictadura.

Entre enero y febrero de este año, Romano, quien permanece en Chile bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna, fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo, y luego fue el juez Muñoz quien se hizo cargo de la causa de extradición.