La acusación alcanza a los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa y Antonio Sícaro y al exsubsecretario de Transporte ferroviario Antonio Luna, además de los hermanos Cirigliano y el maquinista Marcos Córdoba, quien conducía el tren que el 22 de febrero de del año pasado chocó contra los paragolpes hidráulico de la terminal porteña de la línea que une el oeste bonaerense con la ciudad de Buenos Aires.

Hace exactamente una semana, Bonadío concluyó la instrucción de la causa y solicitó a Delgado y a las cuatro querellas que formulen las acusaciones previas al proceso por “estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Luego de ello será el turno de las defensas, que podrán oponerse o consentir la elevación de la causa a la instancia oral, o si no apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal (que, precisamente, había aconsejado ir a juicio).

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah procesaron al maquinista Marcos Antonio Córdoba por el delito de descarrilamiento culposo, agravado por muerte. También a los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a los demás exfuncionarios también por el delito de descarrilamiento culposo, agravado por muerte, una calificación más dura que la que tenían.

A esto se suma el delito de "defraudación", ya que los camaristas señalan que los funcionarios tuvieron varios informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) que mencionaban los incumplimientos de TBA y los riesgos en la seguridad.

La parte empresaria también fue procesada, empezando por los hermanos Cirigliano y siguiendo por todos los directivos de TBA y Cometrans, por el delito de descarrilamiento culposo. Los jueces transcriben los diálogos por radio de los conductores de los trenes con la base en los días anteriores al choque, que son una sucesión de advertencias, y un largo listado de llamados de atención que –dicen los jueces– no les hicieron cambiar el estado deficitario en que se prestaba el servicio y los incumplimientos en el cronograma de mantenimiento. También los empresarios son procesados por defraudación.