"Necesitamos que te acerques más que nunca", escribieron los artistas, estudiante y talleristas que trabajan de forma autogestionado en la sala y mantienen un largo conflicto con el gobierno porteño. La alarma se encendió por la versión que circuló en algunos medios sobre que hoy podría hacerse efectiva la orden de desalojo ordenado por Coleff, en el marco de una causa penal por la ocupación del espacio público.

"Estamos en alerta naranja", apuntaron desde el acampe y agregaron: "Si bien no hay movimiento policial por el momento, los medios aliados a Macri estan difundiendo que hoy la metropolitana nos desalojaria".

El peligro de desalojo se debe al acampe que los integrantes de la asamblea de la Sala Alberdi mantienen desde el 3 de enero, cuando el gobierno porteño decidió cerrar el Centro Cultural San Martín "por vacaciones" y diez talleristas y artistas quedaron dentro del edificio sosteniendo la toma, con un fuerte operativo de seguridad dentro del edficio.

Sin embargo, la causa administrativa por la Sala Alberdi es de larga data. El gobierno porteño pretende desalojar la sala, para su reparación, y trasladar las actividades a otro espacio, en el barrio de Chacarita. Los talleristas rechazan la propuesta porque el lugar ofrecido es inadecuado.

Las notificaciones llegaron el 3 de enero pasado. Un memorándum de la directora del Centro Cultural, Gabriela Ricardes, informa que el lugar “permanecerá cerrado por vacaciones desde el 28 de diciembre hasta el 10 de febrero”, por lo que les niegan el ingreso a talleristas y estudiantes.

Sucede que la Sala Alberdi no depende del Centro Cultural sino de la Dirección General de Enseñanza Artística, encabezada por Diego Birman, dependiente del Ministerio de Cultura porteño, y por eso se resisten a cumplir la orden. Con el correr de los días la situación se tensó, ya que la Policía Metropolitana custodia permanentemente el lugar y hay personal de seguridad privada dentro del edificio.

En 2006 se inició una batalla judicial entre el gobierno porteño y los talleristas, que reclaman ser reconocidos como “tutores” del espacio y “garantes de su identidad histórica como espacio de producción, divulgación y formación artística”. En 2009, la Justicia determinó que el gobierno debía refaccionar el lugar en 30 días y trasladar la sala a un espacio de “iguales características”, donde los talleristas y estudiantes pudieran desarrollar sus actividades. La medida nunca se cumplió y en agosto de 2010 la Sala fue tomada, ya que argumentaron que “no se estaban haciendo reparaciones”.

La causa administrativa la lleva adelante la jueza Fabian Shafrik, quien en su última sentencia ordenó que la sala debe ser desalojada mientras se realizan las reparaciones para garantizar la seguridad de los asistentes. Desde el acampe, los integrantes de la asamblea informaron que mañana tienen una reunión de mediación.