El caso fue constatado el 6 de febrero pasado, cuando un equipo del Comité contra la Tortura de la CPM inspeccionó la institución en donde se alojan a menores de 18 años en situación de conflicto con la ley y encontró a un joven "encerrado en condiciones inhumanas, en una sala de enfermería, tirado sobre un colchón roto, sucio y manchado con sangre, esposado a la reja que delimita la enfermería".

Según el organismo, el personal de esa institución justificó ese tipo de encierro con el argumento de que "el joven se 'auto agredía e intentaba suicidarse'”.

A través de un comunicado, la CPM precisó que adolescente es oriundo de Bahía Blanca, motivo por el cual su familia no puede visitarlo, y había "reclamado en forma constante su traslado" a esa ciudad, pero ante "la falta de respuesta se ha autoagredido" intentó suicidarse días atrás.

Además, se constató que el 28 de enero "fue brutalmente golpeado por seis asistentes de minoridad" y después es un intento de suicidio "fue nuevamente golpeado, esta vez por cinco asistentes, uno de los cuales le decía 'guacho, por tu culpa voy a perder el trabajo y después quién le da de comer a mis hijos'”.

El caso fue presentado ante el titular del Juzgado de Garantía 2 de La Plata, a cargo de Fabián Cacivio, quien "ordenó el inmediato traslado del joven a otra institución, entre otras medidas".

El secretario ejecutivo de la CPM, Alejandro Mosquera, sostuvo que "la tortura es incompatible con el estado de derecho" y sentenció que "estas prácticas que persisten en los lugares de encierro deben ser definitivamente desterradas". Para esto, añadió, "es indispensable el diseño de políticas provinciales dirigidas a la prevención de la tortura y la asistencia a las personas afectadas, así como también un accionar judicial que sancione estos casos”.