El Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó perpetua para el titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza; el segundo del gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández; para los barrabravas Cristian Favale y Gabriel Sánchez, acusados de efectuar los disparos, para el delegado Pablo Díaz y para los trabajadores ferroviarios Salvador Pipitó, Jorge González, Claudio Alcorcel. "Pedraza y Fernández deben ser condenados como instigadores de homicidio agravado", afirmaron los abogados del Cels al realizar sus alegatos ante el Tribunal Oral Criminal 21.

La misma pena se solicitó para los miembros de la Policía Federal acusados de liberar la zona para el accionar de la patota. Se trata de los comisarios Hugo Lompizano, Luis Mansilla y Jorge Ferreyra; el subcomisario Rolando Garay; y los policías Luis Echavarría y Gastón Conti.

Los letrados indicaron que el ataque se realizó para "no perder la hegemonía política" sobre el control sindical en la línea General Roca, "basada en la tercerización laboral". Afirmaron que se trató de "una cacería humana", en la que participaron Cristian Favale, Gabriel Sánchez y otras dos personas no identificadas. "Pedraza procuraba la impunidad de quienes estaban acusados para evitar que la investigación llegara hasta él", añadieron. Según la querella, la causa se encuadra dentro de la figura de "homicidio calificado agravado por el concursos de dos o mas personas" según un "plan previamente articulado para 'aleccionar' a los trabajadores precarizados".

El abogado Maximiliano Medina señaló que cada novedad en la causa era reportada por el segundo de la UF, Fernández, a Pedraza y apuntó: "Dos días después del hecho, Pedraza se ocupaba de conseguirle un abogado a quien estaba sindicado como autor del homicidio", en relación a Favale. Luego, el abogado detalló los números del "extraordinario negocio" que significaban las cooperativas creadas por la UF para incorporar a los tercerizados y aunque reconoció que estaba entre las facultades del sindicato, ironizó: "No sé en qué parte del estatuto decía que sería a sudor y sangre de los trabajadores".

La querella del Cels sostuvo que el móvil del ataque de la patota de la UF contra la movilización de tercerizados, acompañada por los milintantes del PO, fue impedir el ingreso de nuevos trabajadores que hicieran peligrar "la hegemonía política" que mantenía Pedraza, por lo que se insistió en que "los imputados intentaron por diversos medios bloquear los reclamos de los tercerizados".

Gabriel Bovino, otro de los abogados de la querella, mencionó que "desde que la UGOFE se ocupó del ferrocarril Roca se dio un boom de tercerización", indicó y subrayó que "el propio gremio (Unión Ferroviaria) habilitó que algunas tareas comprendidas en el convenio colectivo serían tercerizadas y que los tercerizados no eran trabajadores ferroviarios".

Por eso, los abogados señalaron a los titulares de la UF como "instigadores" y definieron el ataque de la patota como "una cacería humana con al menos cuatro armas usadas en este hecho". Ante las protestas de los tercerizados para ser incorporados como personal estable del ferrocarril "la Unión Ferroviaria persigue y mata, y si no...mata", disparó Bovino, y agregó que "Pedraza y Fernández matarían".

Los letrados del CELS aseguraron que luego de la balacera "(Juan) Pérez guardó las armas que le entregaron (Guillermo) Uño y dos personas más, para retirarlas del lugar y encubrir el crimen".

"Todos los testigos hablaron de haber oído al menos unos diez disparos", sostuvo Medina en su alocución y también acusó a los efectivos de la Policía Federal porque, dijo, "liberaron el escenario y colaboraron con los atacantes, se permitió el ataque". Medina incluso alegó que "los policías de servicios especiales se retiraron del lugar una hora antes de la muerte de Mariano" hacia "la estación Avellaneda" y eso hizo posible que empezaran a bajar (del terraplén) los ferroviarios" enjuiciados por el ataque.