La protesta fue contra los ajustes dispuestos por el gobierno de Mariano Rajoy, así como también en rechazo por la última suba de impuestos y los escándalos de corrupción que salpican al propio mandatario como así también a funcionarios y dirigentes del Partido Popular.

Adhirieron y marcharon, además, trabajadores de empresas afectadas por recortes de personal como la televisión regional Telemadrid e Iberia, la línea aérea que realiza la huelga más larga de su historia.

En Madrid, la convocatoria fue en cuatro puntos y luego se confluyó en la céntrica Plaza de Neptuno, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde los manifestantes fueron "recibidos" por un fuerte despliegue policial.

Allí gritaron "sí se puede" y portaban pancartas en la que se podía leer lemas como "La sanidad no se vende, se defiende", "No falta dinero, sobran ladrones", "Bancos usureros" o "Rajoy, imita al papa y dimite".

Como respuesta, el vocero del gobierno regional de Madrid, Salvador Victoria, calificó la manifestación de "antidemocrática" y la comparó con el golpe de Estado fallido del 23-F, en el que guardias civiles entraron disparando en el Parlamento en un intento por echar abajo el régimen constitucional implantado tras la dictadura franquista.

En Barcelona se organizaron seis marchas ciudadanas que confluyeron en la céntrica Plaza de Cataluña. En algunas ciudades, como en Orense, los manifestantes protestaron tanto frente a las sedes del PP como del Partido Socialista (PSOE), mientras que en otras, como en Palma de Mallorca.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo esperar que el gobierno de Mariano Rajoy "no menosprecie a los profesores, médicos y enfermeros que no están en la calle para reclamar mejores sueldos", sino para reclamar "un trato justo para la sanidad pública y la educación pública y para servir mejor a los ciudadanos".