Los policías que prestan servicio en San Pedro de Jujuy, 65 kilómetros al este de la capital provincial, son acusados de amenazar, detener sin motivo e incluso torturar a jóvenes en conflicto con la ley. El caso más extremo fue el denunciado por Juan Gómez, vecino de la localidad, quien aseguró que su hijo, Martín "Sonrisa" Gómez, habría sido asesinado por policías, tras ser detenido supuestamente en la casa de uno de los efectivos.

El hombre denunció que la policía habría obligado "a un grupo de jóvenes a hacer de mula y transportar droga, desde Bolivia hasta San Pedro". El juez en lo Criminal Nº2 de San Salvador, Antonio Llermanos, al aceptar el hábeas corpus, advirtió a las autoridades que "la única situación de excepción de actuación autónoma" de la fuerza es la existencia de "casos de flagrancia".

Asimismo, el magistrado envió su resolución a los fiscales de San Pedro que tienen a su cargo las denuncias de abuso policial para que profundicen las investigaciones. Llermanos, en su fallo, advirtió sobre la existencia de "un patrón común en los procedimientos policiales" y dio cuenta de situaciones de "tormentos, amenazas, restricción de la circulación y detenciones reiteradas".

Antes de emitir su dictamen, Llermanos había citado a declarar a tres altos jefes policiales, pero consideró sus explicaciones "insuficientes" y advirtió sobre la ausencia de órdenes de detención firmadas por organismos competentes.