Jue 18.07.2013

14:29  › A PESAR DEL RESPALDO DEL MáXIMO TRIBUNAL

Villafuerte Ruzo deberá dar explicaciones

El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo fue citado para el 6 de agosto por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura para explicar las "dilaciones" y retardos en las causas que lleva adelante por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Villafuerte Ruzo fue denunciado por el fiscal de San Nicolás Juan Murray, quien argumentó que el magistrado posee "inusitadas demoras" en causas por violaciones a los derechos humanos, entre ellas la que se investigan los delitos cometidos por el represor Luis Abelardo Patti.

En un dictamen de 41 carillas, la procuradora Alejandra Gils Carbó había solicitado que se hiciese lugar a la recusación interpuesta por actitudes contrarias al avance de las causas vinculadas a la última dictadura militar y pidió que se lo aparte de la causa.

Sin embargo, el 10 de julio la Corte Suprema de Justicia ratificó a Villafuerte Ruzo en la investigación de los delitos de lesa humanidad que se le atribuyen al exsubcomisario. En esa ocasión los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni; en una resolución de sólo tres líneas, explicaron que "el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es "inadmisible".

Villafuerte Ruzo había sido cuestionado "por las infundadas demoras en el trámite de los expedientes a raíz de haber asumido 'una posición parcial contraria a la persecución penal' de ese tipo de delitos" en referencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura cívico militar.

En el recurso cuyo tratamiento la Corte rehusó se solicitaba el apartamiento del juez en la causa en la se investigan los secuestros y homicidios de Osvaldo Agustin Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi, el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum de Rosario, y en la que se encuentra acreditada la participación de una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti, entre otros.

"En la causa Patti se observa una demora de 6 años entre el primer pedido de declaración indagatoria y el auto del juez que finalmente ordenó la citación. En el transcurso de estos seis años el juez no dispuso ninguna medida significativa para el avance de la investigación", indicó la Unidad Fiscal de Coordinación en el informe que acompañó Gils Carbó a su dictamen ante el Máximo Tribunal.

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