“La maniobra desplegada al intentar desviar la investigación o imputar falsamente la comisión de delitos, puede configurar ilícitos muy graves como el encubrimiento (art. 277 del CP), la falsa denuncia (art. 245) y el entorpecimiento de las funciones de un funcionario público (art. 241 inc. 2)”, señala el texto.

Julio Alak precisó que “la señora Beatriz Fuentes había sostenido, en una grabación telefónica con el periodista de Canal 13, Ricardo Canaletti, que vivía en el edificio de Ravignani 2360, y que el día de la desaparición de Ángeles había escuchado una fuerte discusión entre ella y su madre, que había motivado la atención del portero del edificio”.

Cabe recordar que Fuentes, imputada ahora por falso testimonio, había detallado en su declaración original que “un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional habría ofrecido dinero a los vecinos para que no contaran nada de lo ocurrido" el día del asesinato de Ángeles Rawson. Según señaló el Ministro de Justicia, “luego, en sede judicial, Fuentes, rectificó sus dichos, y relató que en realidad se hizo pasar por una anciana, que había vivido esos hechos y se los había contado en una estación de ómnibus de Comodoro Rivadavia”.

Alak aseguró que “durante la declaración, Fuentes indicó que cuando tuvo esa información se comunicó con el diputado nacional radical de su provincia, Eduardo Costa, quien a través de su secretaria la contactó con el periodista de Canal 13” del Grupo Clarín.

El testimonio de Fuentes es “contradictorio y falaz”, según consigna el comunicado del Ministerio de Justicia que detalla que los dichos de la falsa testigo fueron inmediatamente cuestionados por el abogado de la querella de Franklin Rawson, Pablo Lanusse, y por la fiscal, por lo cual el juez ordenó extraer testimonios y que la Justicia investigue el delito de falso testimonio.

En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos señaló que “aparentemente, tanto el juez como la fiscal y el abogado querellante, se dieron cuenta desde el inicio de la declaración que Fuentes mentía, se hacía pasar por personas inexistentes y que todo su relato estaba armado con otros fines”. Estos hechos, de confirmarse -continuó- son muy graves porque se obstruye el normal y pleno funcionamiento de la administración de justicia, que está investigando un lamentable suceso”.

Alak agregó que “es más grave aún, que un miembro del Congreso Nacional sea parte de una maniobra de estas características, recomendando -en el mejor de los casos- a un testigo ir a un medio de comunicación en lugar de presentarlo de inmediato ante las autoridades judiciales. Y en el peor de los casos, deberá investigarse si no formó parte del armado de esta burda maniobra y con qué intereses”.

El titular de la cartera recordó asimismo que “Fuentes tiene numerosos antecedentes por defraudaciones y estafas en la provincia de Santa Cruz, y es conocido su accionar en la ciudad de Caleta Olivia”.

“Un diputado nacional de esa provincia, excandidato a gobernador, no puede haber pasado por alto dicha circunstancia y mucho menos haber cometido la irresponsabilidad de haber favorecido su difusión mediática en perjuicio de la labor de la justicia”, agregó el funcionario nacional. “Si se corrobora el intento de Fuentes de desviar la investigación intentando confundir a la justicia, o encubrir a los verdaderos responsables imputando falsos delitos a funcionarios nacionales, estaremos ante un nuevo intento de obstruir el accionar judicial por motivaciones políticas grotescas que mucho daño le han hecho a nuestro país”, concluyó Alak.