Del encuentro organizado por el Congreso y la Secretaría de DH de la Nación, participaron, entre otros, Fresneda; los diputados nacionales Jorge Rivas, Diana Conti, Horacio Pietragalla, Carlos Kunkel, Eduardo De Pedro, Teresa García y Carlos Raimundi; además de las representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Taty Almeida.

Pietragalla recordó que que "esta ley (por la 25.779) vino a poner la libertad sobre la mesa", y advirtió que, aunque algunos bloques opositores han adelantado que en caso de obtener los votos necesarios derogarán algunas de las leyes aprobadas por el kirchnerismo, "eso no va a pasar, porque no vamos a permitir que los genocidas queden en libertad. Vamos a defender a pleno a Cristina".

El socialista Jorge Rivas, por su parte, recordó que "en su discurso de asunción, Néstor Kirchner anunciaba lo que finalmente iba a sobrevenir. Una de las cosas fue que no iba a confundir gobernabilidad con impunidad". "Con hechos y palabras, Kirchner generó el clima político en el que resultó finalmente posible que la consecuencia de la lucha social por la justicia y la memoria alcanzara a una de sus grandes victorias: la anulación de las leyes de impunidad", agregó.

Cabe recordar que la Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los represores acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura, y que la Ley de Obediencia Debida (23.521), que fue aprobada el 4 de junio de 1987, estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) acerca de los delitos cometidos en virtud de la denominada "obediencia debida", figura militar según la cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.

El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, otorgó media sanción al proyecto presentado por la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, iniciativa que fue apoyada por el presidente Kirchner, y el Senado la convirtió en ley el 21 de agosto del aquel año.

La ley que anuló las "leyes del perdón y de la impunidad" fue promulgada por Kirchner el 2 de septiembre de 2003. Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes derogadas, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se habían interrumpido en 1986, fueran juzgados nuevamente.