El conflicto se remonta a 2009 cuando Christian Langenheim, propietario de la empresa Lanci Impresores, dejó de pagar salarios y declaró a la gráfica en convocatoria de acreedores. En ese momento los trabajadores permanecieron en la planta buscando evitar el vaciamiento de la empresa.

En mayo de 2013, la jueza contravencional y de Faltas 16 de la Ciudad de Buenos Aires, Claudia Amanda Alvarado, ordenó a la Policía Metropolitana que desaloje a los operarios, por lo que, luego, 14 trabajadores junto con sus familias acamparon en la puerta de la firma a la espera de una solución definitiva.

Durante la conferencia de prensa, en la que participaron los legisladores Delia Bissutti y Francisco Nenna, comuneros y sindicalistas, Eduardo Montes, titular de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA) declaró que "el jueves 29 de agosto la jueza Claudia Alvarado nos notificó la restricción por la cual cuatro trabajadores que participan no se pueden acercar a menos de 500 metros".