El proyecto fue aprobado con una amplia mayoría gracias a los votos de los bloques del Frente para la Victoria y de la Unión Cívica Radical, a los que se sumaron algunos justicialistas no oficialistas, como el pampeano Carlos Verna y el sanjuanino Roberto Basualdo.

El proyecto suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010. La iniciativa apunta a "llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos" que no ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010. El texto sostiene que quienes deseen participar deberán renunciar a los derechos que les correspondan como sentencias o laudos, o acciones legales iniciadas o que pudieran realizarse a futuro en relación a los títulos susceptibles de canje.

El artículo segundo del proyecto establece que los "términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10", referido a las condiciones de los bonos del canje 2010. Además, el cierre del canje queda supeditado a la decisión del Congreso Nacional, para dar vía libre a la operación que oportunamente realizará el Ejecutivo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista bonaerense Aníbal Fernández, sostuvo que "este endeudamiento es sano, porque no compromete a futuras generaciones que son los que van a pagar". "Ni uno de esos centavos fue contraídos por estos gobiernos y la vocación ha sido pagar y endeudarse con nuestra propia moneda para hacer las cosas que se han hecho en todo el país", expresó. Recordó que las demandas contra la Argentina pertenecen a "los tenedores de títulos que en su mayoría son fondos buitre, porque les importa un comino lo que les pasa a los otros países" y que implican "el 0,45 por ciento de la deuda defaulteada en 2001".

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, agradeció a los partidos de la oposición que apoyaron el proyecto del canje de deuda al afirmar que "es importante darle al gobierno esta herramienta". Consideró que "hay una visión ingenua en creer que el discurso va a disparar un fallo adverso" y sostuvo que "hemos actuado con responsabilidad, política, institucional y dentro de las normas que el propio Congreso ha votado, durante los canjes pasados".

En tanto, el radical Ernesto Sanz adelantó que iban a votar a favor porque se trata de "un partido de gobierno". Asimismo, señaló a la justicia "como responsable por el crecimiento de la deuda" al apuntar que "debería habernos dado a los responsables". La presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, la también radical Laura Montero, adelantó que su bloque "no se va a negar a darle al Gobierno las herramientas que necesita, porque es el Ejecutivo el responsable de la negociación en estas instancias".

El peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá justificó su negativa a votar a favor del proyecto subrayando que "hay que pagar lo que debemos, no lo que no debemos, lo legítimo no lo ilegítimo". "No es que hay que pagar porque sí. Sino lo que debemos. Y tenemos derecho a que el Congreso de la Nación sea el que decida y arregle la deuda interna y externa", sostuvo Rodríguez Saá quien, al asumir como presidente interino en diciembre de 2001, anunció el no pago de la deuda.

Otro que no acompañó el proyecto fue el socialista Rubén Giustiniani, que argumentó que su partido "siempre se opuso a pagar una deuda cuya legitimidad no fue comprobada". Propuso conformar una comisión "que estudie qué parte de la deuda es legítima y cuál no", así como establecer "una estrategia regional articulada con los países de la UNASUR para tratar el tema de la deuda".