"Nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención", expresa el comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, a una semana del 40° aniversario del golpe.

Entre los reproches a los jueces durante la dictadura, la asociación menciona "la inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo (...), la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura".

"Como Asociación Nacional de Magistrados, sin ambigüedades ni equívocos, estimamos que ha llegado la hora de PEDIR PERDÓN a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena", expresa el comunicado, que agrega que "el Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto".

Además, la organización instó a la Corte Suprema a "realizar también la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado, mediante las cuales no dispensó a los perseguidos ni a las víctimas la protección jurisdiccional que tanto y reiteradamente le fue reclamada". El texto recordó que en marzo de 1975 el entonces presidente del máximo tribunal, Enrique Urrutia Manzano, "no sólo negaba la existencia de las torturas y atrocidades que sufrían nuestros compatriotas, sino que al mismo tiempo expresaba que las Cortes estaban abrumadas por los numerosos recursos de amparo que, en sus palabras, habían traído perturbaciones a la administración de justicia".

Dentro de una semana se cumplirán 40 años de la interrupción del orden constitucional en Chile, cuando un golpe encabezado por Augusto Pinochet derrocó al presidente democrático del país, el socialista Salvador Allende. Durante los 17 años de la dictadura (1973-1990) unas 28.000 personas fueron torturadas, alrededor de 3000 ejecutadas y 1248 fueron detenidas y todavía se desconoce su paradero, según informes oficiales.