El informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que visitó España en la última semana, en coincidencia con la decisión de la jueza María Servini de Cubría de imputar a cuatro represores de la dictadura franquista, confirmó que "no hay ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada", por los hechos investigados por la justicia argentina.

Dos de los acusados están fallecidos pero otros ya fueron localizados por la justicia española, que espera que la jueza argentina formalice su pedido de extradición para proceder a tomarles declaración. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a su arresto al considerar que los delitos son antiguos, están prescritos y, además, fueron amnistiados. La última palabra en los casos de extradición la tiene el gobierno español, y de ahí que la ONU pidió a España que colabore con la justicia argentina.

"El Grupo insta al Estado español a prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España", sostiene el documento, difundido en Madrid. Asimismo, la ONU solicita medidas legislativas y judiciales para asegurar que las desapariciones forzadas no sean "crímenes sujetos a amnistía" y, en concreto, piden la derogación la Ley de Amnistía de 1977, que ya en el pasado supuso un obstáculo para juzgar los crímenes del franquismo.

El Ministerio público español se opuso a la causa abierta en 2008 por el juez Baltasar Garzón, por la que fue acusado de prevaricato, al declararse competente para juzgar los crímenes ahora investigados en la Argentina, aunque posteriormente fue declarado inocente.

Según el informe firmado por Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky, España no tiene en cuenta "el carácter de delito de lesa humanidad" de las desapariciones cometidas durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista. "Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación", remarca el texto. Los expertos reclaman a España la creación de un "plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, y que garantice la exhumación e identificación de las víctimas". Para tal fin, piden recuperar la lista de 114.000 desaparecidos que elaboró Garzón en su causa. Consideran que el Estado español debería comprometerse de manera "activa y urgente" para atender la demandas de los familiares y víctimas, dada la avanzada edad de muchos de ellos, de los testigos y de los propios represores.

En tanto, los abogados que representan a las víctimas del franquismo en la querella abierta en la Argentina manifestaron su confianza en el proceso de extradición iniciado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, relativo a dos de los cuatro exmiembros de las fuerzas de seguridad franquistas reclamados por la justicia argentina. A pesar de que creen que la Fiscalía y el gobierno de Mariano Rajoy intentarán evitar la extradición, confían en el juez. "No tenemos ninguna duda de que el juez Ruz va a citar a declarar a los reclamados cuando llegue la ordenö, dijo el abogado Carlos Slepoy, al salir de la reunión con el magistrado. "Si España pusiera trabas a la extradición pondría de manifiesto que este país es un refugio de criminales", añadió.

Ruz está a la espera de recibir la confirmación de la solicitud de la jueza Servini de Cubria para llamar a declarar a los dos represores vivos sobre los que pesa una orden de detención internacional: el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74 años, y el exinspector José Antonio González Pacheco, alías "Billy El Niño", de 67 años. Los otros dos represores imputados, el excomisario José Ignacio Giralde González, y el exescolta del dictador Francisco Franco y de la Casa Real, Celso Galván Abascal, fallecieron en 2007 y 2009 respectivamente.