El Tribunal responderá al pedido de Holanda, país de bandera de la embarcación "Artic Sunrise" que transportaba a los ecologistas, que hoy solicitó "una orden interina para permitir que regresen a casa el barco y los activistas de Greenpeace".

Liesbeth Lijnzaad, asesora legal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda, afirmó que Rusia "ha violado los derechos humanos" de los activistas que están arrestados desde hace casi siete semanas y demandó que Moscú deponga todas las medidas cautelares.

Asimismo, la letrada acusó a Moscú de violar la libertad de navegación en aguas de la zona de exclusión económica. Rusia desconoce la autoridad de los jueces de la corte del Derecho del Mar y no participó en la primera audiencia pese a haber acudido a este tribunal en el pasado.

Sin embargo, expertos juristas aseguraron que tendrá que cumplir el fallo. La representante holandesa lamentó la ausencia de Rusia, ya que se trata de la primera vez que el Tribunal del Mar se ocupa de un caso en el que no acude una de las partes.

La negativa rusa a reconocer la jurisdicción del Tribunal del Mar viola la Convención de la ONU sobre los Derechos del Mar de 1994 ratificada por Rusia, sostuvo la parte holandesa, y consideró que las excepciones que invoca Rusia no son aplicables a este caso.

El asesor legal de Greenpeace Internacional Daniel Simons afirmó en calidad de testigo que la organización no había encontrado ninguna base legal para que fueran tomadas sanciones como las que están sufriendo los activistas.

El "Artic Sunrise", de bandera holandesa, fue abordado por las fuerzas de seguridad rusas el 19 de septiembre en el Ártico cuando protestaba contra las perforaciones petroleras en la zona. El barco quedó en poder de Rusia junto con 28 activistas de Greenpeace, entre ellos los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi y la brasileña Ana Paula Maciel.

Los 30 se encuentran en prisión preventiva en Murmansk a la espera de un juicio, probablemente por cargos de vandalismo después de que las autoridades rusas descartaran los de piratería. La pena máxima podría ser de siete años.

"No hacemos las cosas a la ligera. Pensamos que podríamos efectuar la protesta de forma enteramente segura", sostuvo el letrado de Greenpeace sobre aquella expedición fallida.

Los activistas se dirigían a una plataforma del gigante energético ruso Gazprom para colocar un cartel contra la perforación de petróleo en el Ártico. Para ello ingresaron con botes de goma en una zona de seguridad de 500 metros alrededor de las plataformas.

"Tenemos plena confianza en los jueces. Confiamos en que la decisión que será tomada el 22 de noviembre refleje los puntos que expusimos", indicó la abogada del Ministerio de Exterior holandés.