A través de un comunicado conjunto se anunció la convocatoria a movimientos y partidos para participar de una comisión que reglamente el "Estatuto de la oposición", con el fin de dar garantías a los que se declaren en oposición. También hubo consenso en crear, siempre que se alcance la paz, condiciones especiales en una fase de transición para los eventuales movimientos que se constituyan en partidos políticos, en obvia alusión a las FARC. Según el texto, donde se enuncian los puntos negociados pero no se abunda en detalles, el acuerdo "profundiza" y "robustece" la democracia en Colombia, y promueve el pluralismo y la inclusión política y la transparencia en los procesos electorales.

Además, garantiza "la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada". Por otro lado, el acuerdo sobre el segundo punto de la agenda pactada por las partes, establece medidas para "promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización", para lo cual se prevé el establecimiento de "Consejos para la Reconciliación y la Convivencia", tanto a nivel nacional como regional con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido.

En el proceso, además de la seguridad para los guerrilleros que se integren a la vida política, deben resolverse aún interrogantes respecto a una posible amnistía, porque varios de ellos han sido condenados en ausencia a largas penas de cárcel. "Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono", que tendrán una representación especial en el Congreso, "sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias".

Las delegaciones también aclararon que la firma e implementación del acuerdo final contribuirá a la democracia, en cuanto implicará "la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, con garantías plenas para quienes participen en política". La implementación de lo acordado, según el texto difundido en la jornada, se llevará a cabo tomando en cuenta "un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer".

La próxima ronda de diálogo se centrará en la solución al problema de las drogas ilícitas, el tercer punto de la agenda.

El jefe de los negociadores del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, aseguró en una declaración posterior al anuncio en La Habana, que el acuerdo sobre participación política representa "una nueva apertura democrática" que abrirá el camino para arraigar la paz. De la Calle manifestó que esa apertura requiere, entre otras cosas, consolidar los derechos de la oposición, abrir la puerta a nuevos partidos, generar una cultura de convivencia y tolerancia y "combatir los vicios que aún persisten en el sistema electoral" colombiano.

Por su lado, las FARC afirmaron que el acuerdo les da "optimismo para seguir avanzando" hacia la paz, aunque señalaron que todavía "falta mucho por andar". Las FARC valoraron como "importantes" los consensos alcanzados porque "colocan a los colombianos en la posibilidad de abrir las puertas de una verdadera democracia".

Aunque el propósito original de las partes era que las conversaciones finalizaran antes de las elecciones de 2014, los tiempos se extendieron y el grupo guerrillero considera que para que los cambios sean profundos no se deben dejar afuera ninguna de sus propuestas.