En el escrito presentado ante el juez Federal Sebastián Casanello, Gils Carbó aseveró que el fiscal Guillermo "Marijuan debió excusarse, porque a pesar de no estar expresamente nombrado, estaba comprendido en ella por haberse denunciado magistrados que se encuentran en una posición análoga a la suya".

La procuradora recordó que la causa se inició por una denuncia formulada por el senador Mario Cimadevilla, quien solicitó que se investigue la creación de la PROCELAC como así también de la Procuraduría de Nacrocriminalidad (PROCUNA).

Cimadevilla señaló en la primera presentación que "ambas dependencias configuraban estructuras institucionales (no administrativas) a cargo de un Fiscal, razón por la cual debieron haber sido creadas en el Congreso de la Nación", según se indicó en la presentación.

Gils Carbó también recordó que se incluyó "en el objeto procesal la designación de Fiscales Generales, Fiscales Adjuntos, Fiscales ya sean titulares o subrogantes y Fiscales `ad hoc´ y la habilitación, desde su punto de vista irregular, para el ejercicio de las funciones y facultades que respecto de los magistrados del Ministerio Público Fiscal prevén los artículos 37,38,40 y 42 de la ley 24.946".

En ese contexto, Marijuan pidió indagatorias y consideró ilegal, por ejemplo, que se haya asignado al Fiscal General la función de intervenir como fiscal principal o coayudante "en los hechos que versen sobre las materias objeto de la competencia fijada y que permita a sus coordinadores intervenir como fiscales ad hoc", según recordó la Procuradora General.

En ese punto Gils Carbó destacó que Marijuan "se desempeña desde el día de su creación -23 de mayo de 2002- a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES)" y que esa unidad fue creada "por el mismo dispositivo legal con el que se crearon las estructuras desde entonces hasta la fecha y le fueron conferidas atribuciones sustancialmente idénticas a las que le fueron asignadas a las nuevas unidades especiales".

En ese punto, Gils Carbó opinó: "Siguiendo la particular visión de los denunciantes, se trata de una estructura de investigación `ilegal´ creada por la Procuración General de la Nación con la potestad de incidir en el rol procesal de los magistrados fiscales que tengan que intervenir en casos en los cuales esté involucrada la seguridad Social".

Tras ese análisis, la procuradora sostuvo que "Marijuan debió excusarse porque a pesar de no estar expresamente nombrado estaba comprendido en ella por haberse denunciado magistrados que se encuentran en una posición análoga a la suya".

Además, Gils Carbó sostuvo que las intervención de Marijuan denota una falta de objetividad que se percibe en "su sorpresivo `acotamiento´ del objeto procesal por el cual se pretende ahora circunscribir los hechos a PROCELAC y dejar afuera el resto de las estructuras" creadas por la Procuración.

"Además esta falta de neutralidad se trasluce por la importancia que pretende darle a la potestad de actuar como `fiscal principal´ o `ad hoc´ en dichas organizaciones cuando estas potestades únicamente refuerzan y nunca obstaculizan el ejercicio de la acción penal que tienen los magistrados del Ministerio Público Fiscal", remarcó.

Al respecto sostuvo que "resulta necesario aclarar que el titular de la PROCELAC, al igual que el resto de los titulares de Procuradurías y Unidades, carece de facultades para desplazar mediante su intervención a los fiscales titulares del caso de que se trate" y que las atribuciones son de "neto corte asistencial".