Entre los antecedentes que invoca el Ejecutivo uruguayo se encuentra la ley argentina Nº 26.737, promulgada en diciembre de 2011, que establece un "régimen de protección al dominio nacional" y "limita la titularidad del dominio o posesión de tierras por parte de personas extranjeras, físicas o jurídicas, al 15 por ciento del territorio nacional". El texto charrúa aduce que, en función de la importancia económica de la tierra para Uruguay, "el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la soberanía y un impacto positivo de las actividades productivas en el bienestar de los uruguayos".

"En virtud de la importancia que el sector agropecuario tiene para el abastecimiento de la demanda mundial de alimentos -agrega el proyecto oficial- se hace necesario proceder a la revisión y actualización del marco regulatorio nacional en la materia, tal como lo han hecho otros países, como Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina".

El proyecto no modifica la normativa vigente referida a la inversión externa directa privada, pero dispone que la titularidad de inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias no podrá ser ejercida “por sociedades anónimas o sociedades en comandita (...) cuyos titulares sean entidades propiedad de Estados extranjeros o fondos soberanos de los mismos”.